Resumen: La Sala inadmite el recurso interpuesto dado que ha quedado probada la no presentación de la oportuna reclamación administrativa ante el órgano competente para conocerla, al tiempo que se remite a pronunciamientos precedentes que abordan pretensiones de idéntico contenido sustantivo a las aquí postuladas en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: CÓMPUTO DEL PERÍODO DE OCUPACIÓN COTIZADA A EFECTOS DE DETERMINAR LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA DE DESEMPLEO EN LOS CASOS EN LOS QUE EL CONTRATO HA ESTADO SUSPENDIDO POR ERTE COVID. FALTA DE CONTRADICCIÓN
Resumen: DESEMPLEO. DESPIDO TRAS ERTE-COVID. CÓMPUTO DE LOS PERIODOS CONSUMIDOS DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DURANTE UN ERTE-COVID COMO DE OCUPACIÓN COTIZADA PARA FUTURAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO. FALTA DE CONTENIDO CASACIONAL (DOCTRINA
Resumen: No tramitar escrito por estar incurso en fraude de ley
Resumen: No tramitar escritos por estar incurso en fraude de ley
Resumen: Despido contrato temporal fraudulento. Indemnización. Falta de contradicción
Resumen: ABONO DE PRESTACIÓN ERTE-COVID. PERIODOS DE INACTIVIDAD DEL CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL CON JORNADA CONCENTRADA. FALTA DE IDONEIDAD DE LA SENTENCIA DE CONTRASTE
Resumen: La Sala inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por daños causados por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de la Covid-19, dirigida contra la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Recuerda que los actos y disposiciones dictados por las Comunidades Autónomas -en este caso País Vasco- fueron en razón a la delegación efectuada por las declaraciones del estado de alarma, siendo así que por la misma circunstancia de haber sido dictados en virtud de tal delegación, deben entenderse dictados por el órgano delegante, esto es, el Consejo de Ministros, siendo esta la causa de residenciar su impugnación jurisdiccional ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Opera la causa de inadmisibilidad del artículo 69, letra c) LJCA pues, siendo un hecho acreditado que la parte actora no dirigió su reclamación previa individualizada contra la Administración General del Estado sino -tal como admite- en su escrito de conclusiones, exclusivamente, contra la Comunidad Autónoma del País Vasco, la consecuencia es la declaración de inadmisibilidad del recurso entablado por inexistencia de acto impugnado, ya que en virtud de la delegación, las disposiciones dictadas por el Gobierno Vasco, se consideran dictadas por el Consejo de Ministros.
Resumen: La desatención reiterada al requerimiento de los agentes de policía para ponerse una mascarilla que cubriera nariz y boca es subsumible en el delito de desobediencia, debido a la finalidad que tenía para prevenir un riesgo sanitario de indudable gravedad y alcance, así como el criterio jurisprudencial de que la salud pública es merecedora de una significada protección y que las decisiones de autoridad que tienden a su salvaguarda merecen una marcada observancia. La declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma no afectó a la obligación normativa de portar mascarilla.
Resumen: Juicio de desahucio por expiración del plazo contractual formulada por la entidad que se subrogó en la posición del banco arrendador inicial tras adquirir de este la vivienda arrendada. La demanda fue estimada en ambas instancias. El objeto del recurso de casación promovido por la parte arrendataria-demandada consiste en resolver si cabe aplicar por parte del arrendador, sin petición de la parte arrendataria, la prórroga extraordinaria de seis meses establecida en el RDL 11/2020, de 31 de marzo y sus sucesivas prórrogas, así como las consecuencias jurídicas derivadas de la comunicación realizada por la parte arrendadora en que entendió prorrogado el contrato , y si tal comunicación debe entenderse como manifestación de la voluntad de prorrogar el contrato bajo el régimen jurídico del art. 10.1 LAU. La operatividad de dicha prórroga depende del arrendatario. No obstante, en este caso concurren circunstancias singulares: aunque la arrendadora había comunicado su voluntad de resolver el contrato vencido el plazo legal en aplicación del art. 10.1 LAU, luego comunicó que vencía más tarde, posterior comunicación que la Audiencia interpretó sólidamente como manifestación de que pretendía que se aplicara la citada prórroga legal extraordinaria de seis meses a lo que la parte arrendataria se aquietó. Su silencio se debe interpretar como muestra de conformidad con dicha prórroga extraordinaria y excluye que la arrendadora quisiera prorrogar el contrato conforme al art. 10.1 LAU
